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Tomás Padrón y ex presidentes firman un manifiesto en contra de la reforma electoral

Gregorio Guadalupe Rodríguez (La Palma), Rafael Daranas Hernández (La Palma), Tomás Padrón Hernández (El Hierro), Gerardo Mesa Noda (Fuerteventura), Antonio Lorenzo Martín (Lanzarote), Antonio Plasencia Trujillo Q.E.P.D. (La Gomera).

En abril de 1978, y sin haberse celebrado aún las elecciones locales a los Ayuntamientos y Cabildos, se constituye en el Parador Nacional de Las Cañadas del Parque Nacional del Teide, la Junta Preautonómica de Canarias. Un hecho histórico, relevante e ilusionante, en unos momentos en los que se estrenaba una democracia recién gestada.
 
Desde aquel momento, el proceso de construcción de nuestra autonomía fue cimentado sobre los pilares movedizos del pleito insular, las dudas, los recelos, los falsos equilibrios, y las mutuas desconfianzas y traiciones permanentes. Se elaboraron propuestas y normas importantes, bajo el temor y el enfrentamiento, desarrollándose un borrador de Estatuto similar al de otras comunidades autónomas peninsulares, que nada tenía que ver con nuestras características naturales como archipiélago.
 Nuestra realidad física, y la experiencia, -a mejorar y perfeccionar,- de los Cabildos Insulares, vigentes desde 1912, parecía indicarnos claramente cómo organizarnos como pueblo, desde su realidad natural más rotunda, la isla, pero no fue así. Los expresidentes de islas periféricas presentes, reunidos en La Gomera, y elegidos en las primeras elecciones democráticas a Cabildos Insulares en abril de 1979, nos encontramos en aquellos momentos, con todas nuestras islas convulsionadas y enfrentadas, en el nuevo reto de ajustar su estructura política y de organización administrativa, tanto a nivel interno entre las islas, -especialmente entre las dos mayores en sus luchas por la hegemonía regional y las menores ignoradas-, como de Canarias hacia el Estado.

 Pero, en medio de todas aquellas intensas tensiones, hubo un hecho importante que nos motivó a reunirnos en la Isla de El Hierro el 3 de noviembre de 1979, recién asumidas nuestras responsabilidades políticas y administrativas. El sistema de reparto de arbitrios en Canarias, aplicado entre islas, se distribuía sólo en función de su número de habitantes, generando con ello un histórico círculo de pobreza en las islas menos pobladas, obligando a sus habitantes a la emigración permanente a Sudamérica, al Sáhara, o a las dos islas mayores.

El control y decisión de este reparto lo ejecutan las dos islas capitalinas, con su mayor peso en las correspondientes Mancomunidades Provinciales, y controladoras de la extinta JIAI (Junta Interprovincial de Arbitrios Insulares). El centralismo histórico del Estado hacia Canarias, desde su incorporación a la Corona de Castilla en el siglo XV, y el practicado por las cabeceras provinciales hacia el resto de sus islas, generaban una Canarias desigual. 3 Hoy, en este encuentro de expresidentes y también de amigos, en el que pretendemos recordar a nuestro compañero Antonio Plasencia (Q.E.P.D), evocamos, entre otros, el hecho de aquella reunión de 1979, sin apenas conocernos ni política ni personalmente, y pertenecientes a partidos políticos diferentes. Prevaleció, por arriba del interés partidista, el alto compromiso general de las islas que representábamos.

 La nueva etapa democrática, nos daba, por fin, la oportunidad de reunirnos, de analizar, de discutir y denunciar públicamente, y ante las instituciones nacionales y regionales, la dramática situación de olvido y marginación histórica de nuestras islas periféricas en el archipiélago, y de éste ante el Estado. Demandábamos un trato de igualdad para nuestras islas, al margen de su superficie o número de habitantes. Este encuentro, a pesar de las presiones recibidas por parte de los dirigentes de alguno de nuestros partidos políticos, provoca posteriormente, en 1981, un hecho relevante: se dota a las cinco islas periféricas de un fondo de solidaridad de 500 millones de pesetas.

 Este fondo solidario, extraído de los recursos económicos de los arbitrios, significó un balón de oxígeno importante, con el que se inician procesos de equipamientos y servicios básicos en cada una de nuestras islas.

 El primer Parlamento y Gobierno de la recién estrenada Autonomía Canaria, aprobarían en 1985, una nueva fórmula de reparto de los arbitrios canarios, con varios criterios, en los que se incluyen, el hecho insular igualitario entre islas, el proporcional a la superficie y a la población. Aprovechamos este encuentro emotivo entre nosotros, -la mayoría retirados de la actividad política y administrativa,- para realizar algunas reflexiones generales sobre la Canarias que vivimos políticamente en primer plano en las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI, y la Canarias de hoy, segunda década del siglo XXI.

 Canarias sigue teniendo pendiente la fórmula institucional adecuada, que dé respuesta a su problema político-administrativo, que muchas veces origina el enfrentamiento entre sus islas, crónico problema canario de ayer y de hoy, que se nutre de elementos económicos, geográficos, sociales y de hegemonía política. Los aquí reunidos, hemos tenido la oportunidad de gestionar corporaciones insulares y cooperar con distintos gobiernos de la Comunidad desde diferentes planteamientos políticos, y conocer desde dentro el ser y pensar de muchos sectores de la sociedad. Desde lo vivido ayer y desde nuestra perspectiva de hoy, se pone en valor, más que nunca, la figura de los Cabildos Insulares, como pilares básicos de una Autonomía canaria descentralizada y equilibrada en su desarrollo.

 La pugna entre las dos islas capitalinas, por disputarse el mayor poder económico y político, provoca un afán acaparador de bienes, infraestructuras y servicios, que derivan cada vez más en un centralismo ciego y asfixiante, no solo entre las dos islas centrales y las cinco periféricas, sino también en el propio territorio insular de las dos mayores.

 Se tiende a conservar y ampliar los poderes políticos, económicos y sociales. 4 Reconocemos que, hoy en día, y, gracias a la lucha de políticos tenaces, no se dan las graves desigualdades socioeconómicas, -denunciadas en su momento por los grandes valedores canarios del hecho insular, Don Manuel Velázquez Cabrera, Don Pedro Pérez Díaz y Don Benito Perez Armas-, ni es la situación anterior a la etapa democrática, pero sigue existiendo una realidad centralizadora en nuestra Comunidad, que ha motivado, a lo largo de los años, corrimientos poblacionales que alcanzan hoy cifras de gravedad entre las islas periféricas y las capitalinas, con porcentajes de asentamientos del 17% para las primeras y del 83% para las segundas. No cabe en un archipiélago, la región “unicista”, como vía para estructurar la variedad de islas en la organización administrativa, ni en la económica.

Nuestras gentes buscan un mejor bienestar para sus familias, y se desplazan a otros territorios buscando el “paraíso” que no encuentran en su tierra, sobre todo, teniendo en cuenta que el territorio periférico tiene mayor superficie para la expansión que el de las dos islas capitalinas. Se ha centralizado y duplicado, generando desigualdad y categorías diferentes de canarios, según el territorio donde habiten. Ley de sedes excluyentes, doble sede de presidencia, doble sede de consejerías, doble capitalidad, doble sede de los servicios de seguridad y emergencias 112, doble sede de la TVC y radio autonómica, doble sede del operador de los sistemas eléctricos canarios, son entre otros servicios acaparados y duplicados, motivos para reflexionar y afrontar con valor y coraje un proceso descentralizador en todas las áreas.
 
La descentralización político-administrativa tiene pendiente su modelo de desarrollo definitivo en la autonomía canaria, desarrollada siempre con temor y reticencias, sin llegar a entender con claridad que somos un pueblo, pero también volcán y archipiélago. No tenemos una realidad geográfica más contundente, clara y diversa que una isla.

Parecería lógico entonces, legislar y regular lo que en la vida diaria es real, los Cabildos Insulares como gobiernos política, económica y administrativamente potentes, con un gobierno autónomo en tareas de planificación, territorio, sanidad, educación, hacienda y relaciones con el exterior.

 La etapa democrática, y la representación parlamentaria actual, - permanentemente cuestionada por los centralistas,- han hecho que nuestro pueblo realice un esfuerzo manifiesto por alcanzar soluciones conciliadoras que superen el primer condicionante, que impregna la vida de cada canario: el ser habitante de primera en cada una de las islas, desiguales entre sí y afectadas de una realidad que continúa presente: el trauma de la capitalidad y el pleito económico y de hegemonía.
Sigue el ciego centralismo de antes y de ahora, sin dejarles ver todavía la única realidad de Canarias. 5 Creemos que en Canarias hoy es absolutamente innecesario e ineficaz modificar los criterios de representación en la futura Ley Electoral, con el exclusivo fin de dar mayor presencia política a las islas mayores, sin considerar nunca otras alternativas posibles y no la única, la del aumento de Diputados, cuando pareciera más racional plantear su reducción.
 
Apuestas por las energías alternativas, la desalación y el reciclado del agua con energías limpias, la mayor soberanía alimentaria, la industria turística con el máximo capital público-privado canario, la recuperación de las escuelas rurales, la distribución de la formación profesional en diversas islas, amplias autopistas marítimas y aéreas, modificación en la distribución económica del REF, máximo REA a la producción canaria, el mayor nivel sanitario en hospitales insulares, y que los fondos FEDECAN son REF, son, entre otros, asuntos de relevancia a desarrollar en este archipiélago nuestro.
 
Somos ISLAS y, como canarios, aspiramos a vivir en cada una de ellas en igualdad de condiciones. Busquemos entre todos una descentralización generosa, que permita conseguir una identidad insular conjuntándola con el reto histórico de Canarias como pueblo.

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